“Salvo en el orden urbanístico. Zonas como Plaza Italia han cambiado su fisonomía urbanística por el impacto que ha tenido parte de las movilizaciones sociales, pero en el patrimonio esto es más agudo, porque hay casos en que la destrucción es casi irrecuperable”, Sergio Contreras, vicepresidente Colegio de Ingenieros de Chile.

Esta semana se cumplieron tres años desde el 18 de octubre de 2019, conocido también como “estallido social”. Este año fue la primera conmemoración sin medidas restrictivas por el Covid-19 (como el uso obligatorio de mascarillas o aforos limitados para reunirse) por lo cual había expectativas tanto de marchas con grandes convocatorias como de posibles focos de incidentes y desmanes.
Con esto en mente, el Gobierno instó medidas preventivas como una mayor dotación de carabineros en las calles, principalmente en el eje que va del metro Santa Lucía hasta Baquedano; Metro adelantó su horario punta para las 15:00 horas; locatarios cerraron más temprano, y universidades adelantaron sus cierres o priorizaron clases por Zoom.

¿Por qué las medidas?

Tanto en los aniversarios anteriores como los días posteriores al 18 de octubre, hubo, además de manifestantes pacíficos, grupos violentistas que dañaron inmuebles, recintos municipales, educativos y patrimoniales.

Para entender los temores que había tanto de las autoridades como de la ciudadanía hay que recordar que durante la etapa más agitada de estos movimientos, según los registros oficiales, ocurrió entre octubre y diciembre de 2019. Según cifras de la época, hubo un total de 2.358 estructuras que fueron blanco de ataques; casi mil saqueos en supermercados o locales comerciales.

Además, según el Consejo de Monumentos Nacionales, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, tras el 18 de octubre hubo al menos 1.300 bienes patrimoniales que registraron algún tipo de daño (900 inmuebles y 400 monumentos públicos). Aunque al cierre de esta edición estaba pendiente un balance final sobre daños en las calles (como semáforos o paraderos, entre otros), en octubre pasado, el gobierno anterior dijo que en los dos aniversarios anteriores (2020 y 2021) las reparaciones implicarían unos $2.500 millones solo en la Región Metropolitana y $1.000 millones en el resto del país.

El 11 de octubre de este año, Catalina Mertz, presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile, realizó un balance del estallido y aseguró a Emol que “uno de cada tres locales fue afectado por saqueos, ya sea de productos o elementos de infraestructura, por daños y destrozos de diversa gravedad, o incendios parciales o totales”.

Una década para reparar

En esta ocasión la conmemoración tuvo menos hechos de los previstos y de los ocurridos en años anteriores, pese a eso persiste el trabajo pendiente de restauración. ¿Cuánto tiempo podría tomar reconstruir el patrimonio dañado? Sergio Contreras, vicepresidente del Colegio de Ingenieros opina que “en términos generales, de acuerdo a los planes que se han presentado últimamente, estimo que tomará un mínimo de 10 años, pero incluso podrían ser 20 años”.

El experto apunta que una forma de evitar que esto ocurra a futuro es que exista una mayor preocupación por la mantención de estos recintos. “Gran parte de esto (las dificultades para reconstruir) se alimenta o se intensifica por el abandono o poco cuidado de las construcciones. Una construcción abandonada es más fácil que sea presa de los desmanes”.

¿Hay que cambiar la resistencia de los materiales? ¿Repensar la infraestructura? Contreras dice que es difícil mover o modificar una infraestructura, “salvo en el orden urbanístico. Zonas como Plaza Italia han cambiado su fisonomía urbanística por el impacto que ha tenido parte de las movilizaciones sociales, pero en el patrimonio esto es más agudo, porque hay casos en que la destrucción es casi irrecuperable”.

Recuperar el espacio público

Uno de los libros ineludibles tras el 18 de octubre de 2019 es Siete Kabezas, del arquitecto Iván Poduje. Con una mirada que ha generado adeptos y críticos, Poduje afirma que una de las lecciones que dejaron los destrozos al patrimonio “es que la actual legislación no sirve para nada. Pese a las penas y multas, los inmuebles patrimoniales fueron atacados con extrema violencia. 900 en todo el país y 65 en la llamada zona cero de Baquedano. Como estamos en un país más violento e inseguro, necesitamos nuevos protocolos para cuidar nuestro patrimonio y eso implica, primero que nada, elevar las penas por destruirlo y romper el clima de impunidad que existe hace años y que se profundizó en estallido”.

En la llamada “zona cero” hay locales que en sus entradas tienen rejas metálicas extras o murallas de acero que no existían previo a los ataques. Aunque es una medida precautoria, Poduje resalta que solo debiesen funcionar como soluciones temporales: “No es aceptable que nuestros centros se llenen de blindajes o guardias armados como ocurre en México o centro américa. Estos blindajes afectan la calidad del espacio público, la vida en ciudad y la plusvalía de comercios y vecinos”.

Por su parte, Contreras dice que debe invertir en mejorar el estado de inmuebles antiguos, mejorar la protección del patrimonio. Apela a un trabajo interdisciplinario: “Si le ponemos el empuje, si le ponemos los pocos fondos que tenemos (a este cuidado y reparación), generaremos más trabajo, generaremos más incorporación de las personas y se podrá ir produciendo un círculo virtuoso”, augura.

● Según el Consejo de Monumentos Nacionales, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, tras el 18 de octubre hubo al menos 1.300 bienes patrimoniales que registraron algún tipo de daño.

● En octubre de 2020, el primer aniversario del 18-0 resultaron quemadas la capilla de Carabineros San Francisco de Borja y la parroquia Asunción, de valor patrimonial: su torre se derrumbó debido a las llamas.

● Hace un par de semanas el Gobierno señaló que presentará una “nueva versión” al proyecto que busca proteger la infraestructura crítica.