La Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. manifiesta su preocupación por la emergencia vivida el 25 de febrero de 2025, la que afectó a casi la totalidad de población nacional, con múltiples efectos a nivel social, económico, y de seguridad.

Bajo el entendido que aún se está en una etapa preliminar de los análisis técnicos que, esperamos lo antes posible, aclararán las causas de esta emergencia, es posible identificar algunos elementos donde creemos que se debe colocar especial atención.

Identificamos 4 momentos relevantes en esta emergencia:

El primero, es el tiempo previo a la misma, donde la seguridad de operación y la resiliencia del sistema, dependen de diseños, infraestructura disponible, planes de operación, ajustes de protecciones, estudios sistémicos de estabilidad, inspecciones, fiscalizaciones y un conjunto de procedimientos, tanto públicos como privados, los cuáles debieran asegurar que el sistema no presente fallas en su funcionamiento, es decir, que funcione con altos estándares de servicio.

Es claro que los sistemas eléctricos pueden estar sujeto a fallas externas e internas y en ese caso lo que importa es que el sistema tenga la capacidad, resiliencia y suficiencia que permita mantener la operación dentro de márgenes aceptables y que su efecto sea el menor posible.

El segundo es el momento de la falla, en el cual la operación incorrecta de los esquemas de protección de la línea Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar de 500 kV, entre Vallenar y Coquimbo, que en ese momento transportaba 1800 MW en total, generó la desconexión de la línea y una reacción en cadena que provocó la caída de todo el Sistema Eléctrico Nacional, SEN. Este efecto se vio reflejado en la desconexión de ambos circuitos de la línea Cardones-Polpaico de 500 kV, y desconexión de otros subsistemas. Se debe destacar que, en junio de 2024, se realizó un “Estudio de Plan de Defensa Contra Contingencias”, por parte del Coordinador Nacional Eléctrico. Dicho plan, el cual consideraba la posible falla en la línea Nueva Maitencillo-Nueva Plan de Azúcar, pero para condiciones de operación distintas -más favorables- a las presentadas el pasado 25 de febrero.

Debe existir claridad de cuál es la transferencia máxima de potencia que se puede transmitir, que asegure una operación correcta del sistema frente a un evento de características extremas, afectando la menor parte de la red. No es razonable que se produzca un black out total, considerando que las redes eléctricas de transmisión deben operar sobre una lógica N-1, es decir, bajo un criterio de seguridad que garantiza la continuidad operacional ante la falla de un componente.

El tercer momento es la aplicación de los PRS (Planes de Recuperación de Servicio), a cargo del Coordinador Eléctrico Nacional, CEN, que están protocolizados y en conocimiento de todos los actores que están involucrados en el sistema eléctrico, los cuales enfrentaron problemas técnicos, ralentizando la recuperación del servicio de manera relevante. Durante este periodo, la población no recibió información concreta que explicara el corte de suministro y el tiempo de reposición de este, profundizando el impacto en la ciudadanía, sobre la falla del sistema.

El cuarto momento es el análisis posterior a la emergencia. En ese momento nos encontramos y representa la oportunidad de aclarar, con una mirada técnica estricta, la razón de la falla. Con las causas correctamente identificadas, se debe realizar un ajuste de la profundidad que sea necesaria a las políticas públicas y procedimientos operacionales que sean identificados como deficitarios o perfectibles. Lo anterior se vio agravado por las dificultades de acceso a internet y comunicaciones que se evidenciaron a las pocas horas de iniciada la emergencia.

En este sentido, llamamos a enfrentar este momento de análisis con una mirada de corto, mediano y largo plazo, privilegiando diseños consistentes, que velen por que fallas de este tipo no vuelvan a ocurrir, en un trabajo mancomunado de la empresa privada, las autoridades e instituciones públicas, y la sociedad civil a través de sus múltiples representantes y organismos.

El objetivo final de nuestra industria de energía debe ser entregar energía de forma técnicamente segura, económicamente competitiva, ambientalmente responsable y que responda a las múltiples necesidades de nuestra sociedad.

Manifestamos nuestra total disposición para ser parte y apoyar este análisis, aportando al fortalecimiento de nuestro sistema eléctrico nacional.

Atentamente,

Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros de Chile