Las conductas humanas se caracterizan por dar preferencia al consumo presente respecto al consumo futuro.

Fue esta realidad la que llevó al Canciller Otto von Bismarck, en el año 1881, a crear un sistema de pensiones cuyo propósito era velar para que los trabajadores, al final de su vida activa, tuvieran la posibilidad de ingresosque sustentaranla etapa del retiro.

En la década de los 20 se inicia en Chile un sistema de pensiones con la característica de ser un sistema de reparto.

En el año 1968 el ex presidente de la República don Eduardo Frei Montalva señalaba textualmente: “existen dos mil leyes de seguridad social en Chile. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no tiene medios para parar esta monstruosidad. Lo que es peor es que el país está gastando un 18,1% del PGB en seguridad social”. Y se pregunta: ¿qué presupuesto fiscal puede sobrevivir en estas circunstancias?

En el año 1979 había en Chile un total de 32 instituciones cubriendo 2,3 de afiliados en más de 100 diferentes sistemas de seguridad social distintos. Era un sistema discrecional con variedad de requisitos de retiro y subordinado a presiones de los grupos de interés. El sistema de reparto no genera la necesaria relación entre las cotizaciones pagadas y las pensiones recibidas. De esta forma, las cotizaciones previsionales pasaron a ser un simple impuesto que afectaba el mercado de trabajo y el destino de los recursos previsionales era discrecional y arbitrario.

Fundado en el orden de la subsidiariedad, en el año 1981, Chile da inicio a un nuevo sistema de seguridad social caracterizado por la capitalización individualque permite establecer una clara vinculación entre el esfuerzo de realizar un ahorro y el beneficio que se recibe al término de la vida de trabajo. La administración de los recursos se abría a la participación del sector privado y los cotizantes podían elegir libremente la AFP en la cual querían depositar la respectiva cotización y tenían además la libertad de cambio. Cada cotizante tenía la obligación de contribuir con un 10% de sus remuneraciones con límites de cotización que fueron variando a lo largo del tiempo. Al cabo de 30 años de operación del sistema los fondos que las AFP administran hoy en día alcanzan un total de US$200 billones de los cuales sobre el 70% proviene de las utilidades generadas por la administración del sistema.

El destino de los fondos previsionales ha sido la adquisición de distintos instrumentos financieros que han permitido el financiamiento de proyectos de infraestructura, de vivienda, de expansión de empresas y otros, todo lo cual ha colaborado de manera significativa al crecimiento sostenido que ha experimentado la economía nacional. Ello, además, le otorgó una eficiente profundidad al mercado de capitales.

Durante el período de operación del sistema ha habido modificaciones importantes como aquellas vinculadas a la posibilidad que se le da a los cotizantes para decidir entre fondosalternativos de inversión creándose, además, comoel pilar solidario.

La aparición de la pandemia Covid-19 ha obligado al Estado a adoptar una serie de medidas tendientes a atenuar los efectos que ha tenido la crisis sanitaria en la actividad productora general con sus consecuentes aumentos en las tasas de desempleo y caídas en los niveles de ingresos de los trabajadores. Una última medida adoptada está vinculada al compromiso firmado, por la mayoría de los sectores políticos, en cuanto a generar un fondo por US$12 mil millones y cuyo destino principal es generar ingresos a los sectores más vulnerables como también destinar parte de ellos a inversionesrequeridas para la reactivación de la economía.

Totalmente ajeno al compromiso contraído,un grupo de parlamentarios de la oposición, a través de un resquicio institucional, formularon un proyecto de reforma constitucional que tiene un camino distinto al de la legislación común y promovieron una propuesta que permite a los afiliados retirar hasta el 10% del monto total ahorrado. Ello con algunas limitaciones y con el acuerdo de integrar un fondo que será financiado por el gobierno y los empleadores y cuyo destino implica establecer un sistema paralelo de reparto. Esta última disposición sobrepasa también la facultad del Congreso en cuanto a disponer de recursos sobre los cuales sólo le cabe atribución al Poder Ejecutivo.

Con gran sorpresa y, sin hacer consideración alguna al resquicio que se estáutilizando, sectores de derecha que apoyan al gobierno votaron a favor de la propuesta.

Todo lo aprobado hasta ahora tiene efectos negativos para el sistema de seguridad social como también para la economía en su conjunto. Entre ellos puede mencionarse el no cumplimiento del compromiso jurado por los parlamentarios en cuanto a respetar el orden institucional lo cual crea un peligroso precedente que afecta la certeza jurídica que se le exige a cualquier país para efectos de alcanzar metas sostenidas de crecimiento. El retiro del 10% es, además, totalmente contradictorio con la crítica que se formula encuanto a que el actual sistema genera bajas pensiones. Al disminuir el monto total ahorrado ello generará consecuentemente menores pensiones al momento del término de la vida de trabajo. Por otra parte, el retiro masivo de recursos tendrá su efecto en el mercado de capitales con bajas en el precio de las acciones y alzas en las tasas de interés de los instrumentos financieros que deberán liquidar las AFP para efectos de financiar los retiros. Ello afectará el valor del patrimonio que administran las AFP y que pertenece a los cotizantes. Además, no deja de llamar la atención que una medida que debiera ser transitoria, dado que los efectos de la pandemia son limitados en el tiempo, se pretendan financiar con medidas que tendrán un efecto permanente en la disminución en las pensiones a ser recibidas. Por último, la propuesta aprobada por el Congreso tiene la grave consecuencia de generar un camino de regreso a un sistema de reparto cuyos resultados negativos Chile los conoció en el pasado.

La propuesta aprobada en su primera instancia en el Congreso revela un debate superficial como también el alejar las políticas públicas del fundamento técnico que ellas debieran tener. La aplicación de criterios estrictamente ideológicos en la formulación de políticas públicas tendrá como consecuencia deteriorar los elementos de certeza jurídica y estabilidad institucional que son necesarios para incentivar un proceso de inversión tan requerido para la reactivación de la economía nacional. Se vulnera así el Estado de Derecho el cual es un factor esencial para que las sociedades lleven adelante un progreso sostenido. La ausencia de ese Estado de Derecho nos colocará en el camino de la pobreza y de pérdidas de oportunidades que permitan alcanzar un bienestar para todos.