Multas por no uso del TAG: columna de Gastón Oróstegui

Cuando la discusión actual a nivel de infraestructura pública se ha centrado en el traspaso de la cartera del MOP a la nueva Administración, debemos considerar que se mantiene la incertidumbre asociada al proyecto que elimina el Articulo 114 de la Ley de Tránsito, que incluye las multas por el no uso del TAG, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, a fines del año pasado. Este hecho impactará en los contratos de concesiones viales en Chile, ya sea vigentes o futuros.

Es importante considerar que gracias a la seguridad jurídica con que cuenta el modelo concesional chileno, nuestro país ha sido referente regional y nos ha permitido tener ventajas competitivas lo que ha redundado en el crecimiento sostenido de nuestra economía por varios años.

Hoy, vemos con preocupación, que se entregan señales inadecuadas al mercado lo cual ha traído la disminución de ofertas en los procesos de licitación en los últimos años, los cuales, en varias oportunidades, han contado apenas con uno o dos licitantes.

La eliminación de las multas no solo pone en riesgo la viabilidad del sistema de concesiones en Chile, sino que instala un cambio profundo en las reglas del juego de inversionistas, incluyendo entre otros aspectos, la calificación de riesgo, financiamiento, garantías, seguridad de ingresos, entre otros.

El argumento de que las multas son “abusivas e impagables”, no concuerda con el cumplimiento de las normas establecidas.

En ese orden de ideas, cabe recordar que recientemente, por una decisión más bien política que técnica, como consecuencia de aspiraciones de algunos movimientos sociales, se había llegado a una solución razonable permitiendo la regularización en favor de los usuarios. El hecho de eliminar totalmente las multas puede generar un fuerte impacto en la industria, dado que, sin esa garantía de cobro, los contratos quedan totalmente desequilibrados en términos de ingresos.

Asimismo, el pilar fundamental de las Asociaciones Públicos Privada (APP), es el mismo Estado, que como socio del sistema, debe velar para que el riesgo se encuentre adecuadamente distribuido. De seguir este tipo de iniciativas, el desbalance pasa directamente al Estado quien deberá sobre garantizar las proyecciones de ingresos en términos de los tránsitos reales, teniendo en cuenta que potencialmente se está incentivando un cambio en el comportamiento de uso y pago, situación que lamentablemente ocurrió entre 2019 y 2020 producto de llamados de distintos sectores a no pagar por el uso de las autopistas, aumentando las cantidades de incobrables, sin una razón de fondo.

La búsqueda de soluciones debiera ser propuesta por órganos estrictamente técnicos; quizás sería posible explorar otros caminos más eficientes en términos de tarifas y mejores opciones alternativas de conectividad, sin dejar de lado lo que hemos avanzado.

Cabe destacar que tanto la anterior Administración como la entrante se ha sumado a las críticas de esta iniciativa, haciendo una buena lectura de sus implicancias en caso de seguir avanzando, sin embargo, ya el proyecto ha pasado su primer trámite, por lo que se debe seguir argumentando correctamente para corregir dicha indicación.

Hacemos un llamado a la responsabilidad política en estas decisiones, poniendo por delante el bien social entendido correctamente, teniendo como finalidad importante la atracción de inversiones que redunden en crecimiento para recuperar los niveles de ingreso, empleo y competitividad en nuestro país.

Gastón Oróstegui
Comisión de Infraestructura Pública
Colegio de Ingenieros de Chile A.G.