No perdamos el rumbo en APPs, caso Concesiones Electrocorredores de Concepción: columna Comisión Infraestructura Pública
«El modelo de concesión no es una solución universal frente a la inversión directa. No obstante, cuando un proceso cuenta con este nivel de avance, alterar la determinación inicial quita certezas al sistema».
Chile ha llevado adelante, con total liderazgo y reconocimiento, el modelo de Concesiones en Latinoamérica en los últimos 30 años, incluyendo innovación, nuevas aplicaciones y financiamiento robusto, siendo un ejemplo a seguir por nuestros vecinos.
Hace pocos días, el lunes 3 de agosto, lo anterior fue reconocido por una de las gestoras de capitales más relevantes en Latam, Patria Investments, su CEO menciona que “Chile ya era un buen lugar para invertir, y con el nuevo marco regulatorio del Gobierno, es aún mejor”.
Sin embargo, al día siguiente, en el contexto de un proceso de una concesión de obra pública adjudicada a cargo de la Dirección General de Concesiones del MOP, correspondiente a las licitaciones de los corredores de transporte público Ruta 160 y Ruta 150 en Concepción, de la que habría faltado solo su ratificación mediante el Decreto correspondiente, se da a conocer que el Ministerio de Hacienda decide detener la tramitación de esas adjudicaciones argumentando que “la decisión obedece a la situación de estrechez fiscal”.
Después de esas declaraciones, el titular del MOP ratifica esa decisión, confirmando que “los proyectos los tomaría la Dirección de Vialidad”, financiados y administrados directamente por el Estado.
En torno a la discusión de fondo, es preciso señalar que el modelo de concesión no es una solución universal frente a la inversión directa. No obstante, cuando un proceso cuenta con este nivel de avance, alterar la determinación inicial quita certezas al sistema.
Cambiar la modalidad fuera de tiempo, en su fase de ratificación administrativa, agrega ineficiencias e incertidumbre que superan las ventajas teóricas de un giro estratégico; por ende, resguardar la estabilidad del proceso y su actual matriz de riesgos, parece la
decisión óptima que asegura el uso racional de recursos públicos.
Ese actuar, sin duda, generará una baja en la confianza al sistema de concesiones chileno, el mismo mercado podría pasar la cuenta, no solo en los futuros llamados a licitación, sino también en el financiamiento de los proyectos que se encuentran en curso.
A menos que existan otras razones de fondo no reveladas a la fecha, creemos que dicha situación debiera ser revisada y sopesada de forma urgente, no perdamos la oportunidad de seguir siendo lideres, lo que nos han llevado a destacar en la región, manteniendo el éxito del sistema implementado al menos en los próximos 30 años.
Comisión de Infraestructura Pública