Autor: Equipo editorial Revista Ingenieros

El calentamiento global y sus consecuencias hacen que Chile, uno de los países con más riesgo de sufrir desastres, cambie su enfoque de respuesta ante estos eventos. Debe transitar desde una mirada de respuesta a una de resiliencia y de gestión integral del riesgo del desastre.

Chile es el país de la OCDE con más riesgo de sufrir desastres. Solo en la última década, el 54% de su población y el 12,9% de su super cie total estuvieron expuestas a lo menos tres tipos de amenazas extremas que provocaron más de 800 víctimas fatales, 4 millones de damni cados y consecuencias psico-sociales y ambientales incalculables. Ello sin contar con gastos económicos que ascendieron en promedio a 3.000 millones de dólares al año, lo que equivale a más del 1% de Producto Interno Bruto. Uno de esos desastres, el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, tuvo como consecuencia cerca de 500 víctimas fatales, pérdidas materiales que superaron los 30 mil millones de dólares, los que representaron el 18% del PIB de 2010.

Es posible que esos eventos que devastan algunas zonas del país cada cierto tiempo se vean aumentados y exacerbados debido al fenómeno global del cambio climático, especialmente las amenazas hidrometeorológicas. “Según la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Chile cumple con siete de las nueve características que de nen a un país como vulnerabledebido a sus zonas costeras bajas, zonas áridas, su cobertura forestal, la exposición a la sequía y deserti cación, la alta contaminación atmosférica urbanas, entre otras”, hace notar Felipe Machado, director del Instituto para la Resistencia ante Desastres, Itrend.

Ante esa realidad, resalta Machado, es necesario que el país pase de un enfoque de respuesta a la emergencia a uno de resiliencia y de gestión integral del riesgo del desastre, y por otro lado, avance desde de una hiperespecialización en terremotos a un mayor desarrollo de las capacidades para abordar otras catástrofes como tsunamis, erupciones volcánicas, incendios, aluviones y eventos climáticos extremos. Entre estos últimos, tornados, trombas marinas, inundaciones, tormentas y sequías. “Muchas veces, las construcciones resisten un terremoto pero no el tsunami que puede venir después”, dice Machado para ejempli car sus aseveraciones.

INGENIERÍA Y SUS APORTES

Para Sergio Baeriswyl el gran desa o de la ingeniería es aprender a trabajar en un contexto incierto, donde las modelaciones históricas ya no pueden ser proyectadas de la misma manera. “Eso obliga a avanzar hacia diseños y materiales costo-efectivos, capaces de adaptarse a los diversos escenarios posibles”, resalta el presidente de CNDU.

Por su parte, Felipe Machado sostiene que la ingeniería puede aportar enormemente. “Desde su perspectiva disciplinar, hay que recordar que la resiliencia se puede dividir en dos grandes fases. Una de ellas es la caída de un sistema, cualquiera sea, por un evento disruptivo y la otra, es la recuperación para lograr un estado igual o mejor que el inicial”.

Machado continúa explicando que en la primera fase, la ingeniería proporciona soluciones para que el componente sico de los sistemas pueda ser más resistente o menos proclive a una pérdida de funcionalidad. “Ejemplo de ellos son las construcciones antisísmicas o yendo más lejos, sistemas de protección sísmica que hacen que el daño que sufra una estructura sea muy inferior al de una sin estos sistemas; protecciones sicas frente a marejadas; o infraestructura diseñada para resistir tsunami. Por otro lado, también puede aportar con obras de mitigación, como lo es el caso de las piscinas decantadoras para prevenir aluviones, o con la disposición de sensores para monitorear amenazas hidrometeorológicas”. En la segunda fase, señala, la ingeniería puede aportar en la logística de ayuda en los primeros días después de un evento, para luego colaborar en la reconstrucción de los componentes sicos. “Finalmente, a más largo plazo, puede aportar con la generación de soluciones innovadoras para disminuir las pérdidas y reducir la caída de los sistemas”, concluye.

Por último, sostiene que al generar nuevas capacidades en el entorno construido y en los sistemas, la ingeniería es capaz también aportar en la disminución del impacto social, económico y ambiental de los desastres, “en especial si en esas soluciones se prioriza a la población más vulnerable en términos económicos, que es la más afectada ante estos eventos”, hace notar.

Sostiene que es urgente contar con diagnósticos precisos sobre la vulnerabilidad y riesgo al cambio climático de cada una de las ciudades chilenas. “El país cuenta con una gran diversidad climática y geográficas, además de que mucho de los impactos se expresan de manera local, por lo que no puede haber una solución idéntica para todos. Se debe realizar un análisis interdisciplinario en cada territorio, donde comparezcan aspectos tales como el desarrollo urbano, indicadores climáticos, levantamiento de amenazas, condiciones sociodemográficas, etc. para posteriormente dar lugar a planes con estrategias de adaptación”, manifiesta. También puntualiza que para que estas medidas sean efectivas se debe involucrar a sus habitantes, y así fomentar la participación ciudadana.

Respecto a si la formación de arquitectos e ingenieros está respondiendo a esa nueva realidad, Encinas cree que “a nivel de percepción, se podría mencionar una cierta consolidación de contenidos asociados a temáticas específicas de sustentabilidad, en particular a la de e ciencia energética. Esto sí se ha venido observando como tendencia en los últimos años, lo cual se expresa en numerosos proyectos de título, memorias o tesis de grado referidas al tema”. Lo más probable, señala, es que el cambio climático empiece a aparecer en las mallas curriculares de las diversas. carreras vinculadas a la construcción o a la planificación urbana. “La gran expectativa que generó la organización de la COP25 ciertamente intuyó y si además se considera que finalmente esta no se realizó en el país, aparece el desarrollo de poder darle proyección y profundidad a esta preocupación colectiva”.

Por último, señala que dada la urgencia e inmediatez de la crisis climática que se está experimentando, la transición a la educación sustentable debería hacerse más rápida. Sin perjuicio de eso, resulta interesante ver como en los últimos años han aparecido numerosas iniciativas, tanto públicas como privadas, que han generado sistemas de certificación, recomendaciones, manuales de buenas prácticas y herramientas de evaluación. “Este nuevo enfoque que viene desde la discusión en torno al cambio climático, debiese representar oportunidades a nivel país en dos ámbitos. Uno de ellos es la articulación de todas estas iniciativas y herramientas en torno a una organización y objetivos comunes y en segundo, la posibilidad de consolidar un nuevo marco regulatorio, que permita actualizar las normas y regulaciones existentes, así como incorporar nuevas que sean necesarias, con el objetivo de responder de manera decidida a las amenazas del cambio climático”.